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4/7/2009
La Ley No. 176-07, del Distrito y los Municipios se cumple a medias en RD  

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A dos años de su promulgación, persisten deficiencias como la ausencia de planes y estrategias, así como la falta de coordinación entre las autoridades. El balance fue expuesto en el Análisis de Coyuntura celebrado este sábado por el Centro Juan Montalvo. (Santo Domingo, 4 de julio de 2009) “La ley es muy buena, pero gestionada por muy malos actores, políticamente hablando”, afirmó el especialista en temas de municipalidad, Domingo Matías durante su intervención en el Análisis de Coyuntura dedicado este fin de semana a la Ley 176-07, del Distrito y los Municipios.

La Ley 176-07 es el resultado de los esfuerzos de la sociedad dominicana para lograr que los municipios y el Distrito Nacional promuevan y garanticen la implementación de políticas públicas, que se traduzcan en la prestación de servicios eficientes, equitativos y sostenibles, acorde con las necesidades básicas de la población que vive y actúa en el territorio. Garantizándole, además, el acceso a oportunidades para la superación de la pobreza. Desde este marco jurídico, se procura normar la organización, competencia y funciones de los ayuntamientos a partir de una gestión administrativa que maneje, de forma transparente, eficiente, eficaz y participativa, su Presupuesto Anual.

Matías considera que esta Ley “es el mejor instrumento que tiene la sociedad dominicana para construir poder ciudadano y no está siendo utilizada por la ciudadanía, y el poder político se aprovecha de esto para manejar de manera discrecional los fondos públicos”.

Domingo Matías compartió la mesa de las exposiciones con Juan Figueroa, director de Desarrollo Local del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE); la economista Apocalipsis Aguilera y el técnico de Desarrollo Local del Centro Juan Montalvo, Santos de la Cruz, quien resaltó la inexistencia de una coordinación eficiente entre las autoridades, lo que entorpece la implementación adecuada del instrumento legal.

A dos años de la promulgación de la ley, desde el Centro Montalvo, destacó:

En primer lugar, se registra la falta de implementación de los Consejos Económicos y Sociales Municipales, y la escasa funcionalidad de algunos de los  que se crearon. En el caso del Distrito Nacional, el Consejo Económico y Social se ha reunido únicamente en sesiones informativas del Plan Estratégico Municipal.

Encontramos también la ausencia de planes y estrategias de desarrollo municipal que respondan a la propuesta de planificación nacional planteada en la Ley 498-06, además de la falta de coordinación entre los diferentes niveles e instancias de gobierno, que se rigen con distintas lógicas de descentralización.

En algunos municipios, el incumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana se justifica con la ausencia de reglamento, cuya elaboración es responsabilidad del ayuntamiento.

Hay que recordar el caso de Villa González en 1999, donde se aplicó el Presupuesto Participativo Municipal aun sin reglamento. Hay que motivar la elaboración y el cumplimiento de los reglamentos para evitar el manejo discrecional de los recursos municipales. Además, algunos Presupuestos Participativos Municipales (PPM) incumplen las etapas de formulación, discusión, aprobación y seguimiento.

Desde la experiencia del Centro Montalvo en el acompañamiento en los municipios de Boca Chica, Distrito Nacional y Los Alcarrizos, podemos resaltar que, con una participación ciudadana bien empoderada y corresponsable de la gestión, es posible caminar hacia un desarrollo municipal.

Recomendaciones:

Es necesario elaborar una estrategia de desarrollo nacional que articule de manera coordinada y eficaz las diferentes instancias de gobierno, central y municipal, cuya prioridad sea el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres y excluidas.

Promover un seguimiento sistemático del ciclo presupuestario municipal desde las organizaciones comunitarias de base.

Los ayuntamientos deben trabajar la planeación programática de los fondos contemplados en el 4% referido a programas educativos, en género y salud, debido a que estos afectan directamente a la calidad de vida de la población.

Es fundamental terminar los procesos de reglamentación de la ley para viabilizar su implementación efectiva y se garantice la participación activa y propositiva de la ciudadanía.

Es necesario determinar el impacto de la implementación de la ley 176-07 en el desarrollo local, medido a través de los principales indicadores  socioeconómicos.

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